Panamá, lunes 29 de diciembre de 2008

PERJUICIO SOCIAL

Acaparamiento de aguas
Yakarta Ríos
opinion@prensa.com

Calmante de la sed, líquido vital, hilo conductor de la vida, agua, elemento inherente a la vida y a la vez escaso y mal distribuido. Panamá enfrenta hoy los embates de la carencia de este recurso en muchos hogares, por infraestructuras deficientes u obsoletas o escasez del recurso, pero paradójicamente las fuentes de donde proviene el agua que consumimos –ríos, quebradas, y aguas subterráneas– son acaparadas día a día.

Este acaparamiento es promovido por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que mediante la figura de “concesión permanente de agua” ha decidido regalar sistemáticamente nuestro recurso. Es tanta la desvergüenza de esta institución, que a pesar de haber sido sancionados moralmente por el Tribunal Latinoamericano del Agua, en presencia de su equipo legal por “llevar a cabo una mala gestión del uso público del agua”, insiste en la utilización de esta figura jurídica para privatizarle, desde la fuente, el agua a todos los panameños.

Cifras oficiales de la propia Anam y de la Contraloría General establecen que del año 1974 hasta el año 1997 solo se otorgaron 14 concesiones de agua para la ejecución de proyectos sociales, pero a partir de la política de privatización de los servicios públicos y empresas estatales, desde el año 1997 a 2007 se han otorgado más de 665 concesiones de agua permanentes, con volúmenes que alcanzan en algunas concesiones los 286 millones de litros anuales. Por si fuera poco, estas concesiones para toda la vida son otorgadas por la suma de 25 dólares solamente y para uso doméstico, dándole al que la solicite el mismo trato que se le da a un acueducto rural, amas de casa, comunidades indígenas o campesinas que trabajan la agricultura de subsistencia. Estas concesiones de agua, con carácter permanente, violan el artículo 259 de nuestra Constitución que establece que las concesiones de agua se pueden otorgar de forma excepcional, cuando se trate de “obras de bienestar social e interés público”, por ejemplo acueductos, proyectos comunitarios o de riego.

Hoy, la Anam concesiona aguas subterráneas para desplumar pollos, lavar establos, mientras que hay comunidades que son racionadas en su consumo, por no disponer de caudales suficientes para su abastecimiento.

Esta política de acaparamiento lleva a la inequidad, privatización y a la mala distribución del agua, que también es promovida por los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, quienes proponen el proyecto de ley 278, en el que el acceso a ríos y quebradas será restringido y, además, sugieren seguir otorgando concesiones a 30 años prorrogables a 30 años más. Por si fuera poco, introducen un artículo que permite que nuestras fuentes de aguas subterráneas y superficiales puedan ser negociadas con otros Estados, es decir, una especie de hidrocolonialismo, en el que Panamá cederá sus aguas a terceros países, declinando así su soberanía.

Con cada concesión permanente de agua mal otorgada, el Estado pierde tutela sobre el recurso y al intentar recuperarla tendrá que pagar millones al resarcir al concesionario. El poner el agua en manos de pocos, encarecerá la vida del panameño, ya que dejará de ser un servicio público, para convertirse en parte de la canasta básica de alimentos y además tendremos que resignarnos a ser presa de los vaivenes del agua, como ocurre hoy con el petróleo, con la gran diferencia de que sin agua no es posible la vida. En un futuro próximo nos veremos obligados a comprarles el agua a los dueños de los ríos, o comprar tarjetas pre-pago para poder calmar la sed, y es entonces cuando nos daremos cuenta cuan grande daño nos ocasionó la política de enajenación de la Anam.