martes, 12 de noviembre de 2013
Yakarta Rios Cadena de Frio Canasta Basica
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Panamá, lunes 29 de diciembre de 2008
PERJUICIO SOCIAL
Acaparamiento de aguasYakarta Ríos
opinion@prensa.com
Calmante de la sed, líquido vital, hilo conductor de la vida,
agua, elemento inherente a la vida y a la vez escaso y mal distribuido. Panamá
enfrenta hoy los embates de la carencia de este recurso en muchos hogares, por
infraestructuras deficientes u obsoletas o escasez del recurso, pero
paradójicamente las fuentes de donde proviene el agua que consumimos –ríos,
quebradas, y aguas subterráneas– son acaparadas día a día.
Este acaparamiento es promovido por la Autoridad Nacional del
Ambiente (Anam), que mediante la figura de “concesión permanente de agua” ha
decidido regalar sistemáticamente nuestro recurso. Es tanta la desvergüenza de
esta institución, que a pesar de haber sido sancionados moralmente por el
Tribunal Latinoamericano del Agua, en presencia de su equipo legal por “llevar a
cabo una mala gestión del uso público del agua”, insiste en la utilización de
esta figura jurídica para privatizarle, desde la fuente, el agua a todos los
panameños.
Cifras oficiales de la propia Anam y de la Contraloría General
establecen que del año 1974 hasta el año 1997 solo se otorgaron 14 concesiones
de agua para la ejecución de proyectos sociales, pero a partir de la política de
privatización de los servicios públicos y empresas estatales, desde el año 1997
a 2007 se han otorgado más de 665 concesiones de agua permanentes, con volúmenes
que alcanzan en algunas concesiones los 286 millones de litros anuales. Por si
fuera poco, estas concesiones para toda la vida son otorgadas por la suma de 25
dólares solamente y para uso doméstico, dándole al que la solicite el mismo
trato que se le da a un acueducto rural, amas de casa, comunidades indígenas o
campesinas que trabajan la agricultura de subsistencia. Estas concesiones de
agua, con carácter permanente, violan el artículo 259 de nuestra Constitución
que establece que las concesiones de agua se pueden otorgar de forma
excepcional, cuando se trate de “obras de bienestar social e interés público”,
por ejemplo acueductos, proyectos comunitarios o de riego.
Hoy, la Anam concesiona aguas subterráneas para desplumar pollos,
lavar establos, mientras que hay comunidades que son racionadas en su consumo,
por no disponer de caudales suficientes para su abastecimiento.
Esta política de acaparamiento lleva a la inequidad,
privatización y a la mala distribución del agua, que también es promovida por
los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, quienes
proponen el proyecto de ley 278, en el que el acceso a ríos y quebradas será
restringido y, además, sugieren seguir otorgando concesiones a 30 años
prorrogables a 30 años más. Por si fuera poco, introducen un artículo que
permite que nuestras fuentes de aguas subterráneas y superficiales puedan ser
negociadas con otros Estados, es decir, una especie de hidrocolonialismo, en el
que Panamá cederá sus aguas a terceros países, declinando así su soberanía.
Con cada concesión permanente de agua mal otorgada, el Estado
pierde tutela sobre el recurso y al intentar recuperarla tendrá que pagar
millones al resarcir al concesionario. El poner el agua en manos de pocos,
encarecerá la vida del panameño, ya que dejará de ser un servicio público, para
convertirse en parte de la canasta básica de alimentos y además tendremos que
resignarnos a ser presa de los vaivenes del agua, como ocurre hoy con el
petróleo, con la gran diferencia de que sin agua no es posible la vida. En un
futuro próximo nos veremos obligados a comprarles el agua a los dueños de los
ríos, o comprar tarjetas pre-pago para poder calmar la sed, y es entonces cuando
nos daremos cuenta cuan grande daño nos ocasionó la política de enajenación de
la Anam.
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